El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo que alega ser un plan dirigido a desprestigiarlo y financiado por el Grupo Punta Cana y José Ignacia Paliza.
Surún Hernández afirma que este supuesto plan está relacionado con acciones legales que ha tomado en contra de la Corporación Aeroportuaria del Este (Aeropuerto de Punta Cana) y sus ejecutivos por un presunto fraude fiscal de 500 millones de dólares en perjuicio del Estado Dominicano. Este fraude habría sido perpetrado mediante las sociedades Offshore Airports Management Services S.A. y Aviam LTD, al ser declaradas dolosamente como “zonas francas especiales”, lo que las eximía del pago de impuestos y les permitía evadir grandes sumas de dinero.
El plan denunciado por Surún Hernández incluiría pagos superiores a los 400,000 dólares a abogados y ONGs para que presenten querellas en su contra, sin fundamento ni pruebas. Además, algunas de las personas involucradas en estas acciones habrían sido condenadas por faltas y delitos menores.
El presidente del CARD también respondió a tres denuncias específicas en su contra: la compra de solares en Higüey para el Aeropuerto Internacional de Bavaro, el manejo de fondos de cursos y programas de formación, y las actividades del Tribunal Disciplinario del CARD. Según Surún Hernández, estas acusaciones carecen de fundamento y se basan en información incorrecta o mal interpretada.
El presidente del CARD destacó la pulcritud y fiscalización en la gestión de su liderazgo en el gremio y resaltó que su administración ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras reconocidas, que han confirmado un manejo transparente de los recursos del gremio. Los estados contables del CARD están disponibles en su página web, lo que representa un nivel de transparencia que no era común en administraciones anteriores. También mencionó que dos de los querellantes en su contra, Gregory Castellanos y Mario Fulcar, fueron sancionados conjuntamente con Johny de la Rosa por acusaciones de soborno a jueces en un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial.
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